Suiza sanciona a esposa e hijo del presidente de Nicaragua y otros seis funcionarios del régimen por represión
En total, Suiza ha impuesto “sanciones selectivas” contra 14 funcionarios orteguistas, acusados de violaciones a derechos humanos en Nicaragua
El Consejo Federal del Gobierno de Suiza decidió aplicar nuevas sanciones a ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre ellos a su esposa y primera dama, Rosario Murillo y su hijo, Juan Carlos Ortega Murillo; uniéndose así a las sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) el pasado 2 de agosto, debido al “continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho” en Nicaragua.
Las nuevas medidas consisten en la congelación de activos y la prohibición de entrada o tránsito a Suiza para las personas sancionadas.
Completan la lista de sancionados: Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial de Asuntos Económicos; Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general; y los comisionados generales Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León; y Juan Antonio Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla.
- Te recomendamos leer: Biden afirma que las protestas de Cuba son “un llamado a la libertad”
En junio de 2020, Suiza dictó sanciones contra el jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; el operador político y de espionaje de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau; la ministra asesora de Salud, Sonia Castro; y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.
Con estas nuevas sanciones suman 14 los funcionarios del régimen sancionados por Suiza, la misma cantidad sancionada por la UE.
“La razón de esa decisión es que Suiza comparte las preocupaciones de la UE sobre las continuas violaciones de la democracia de derechos humanos y el Estado de derecho en Nicaragua”, declaró una portavoz de la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO) al portal del Servicio Internacional de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (swissinfo.ch) por correo electrónico.
La portavoz insistió que “las medidas adoptadas están dirigidas a personas específicamente designadas y no contra el pueblo de Nicaragua en su conjunto. Por lo tanto, no tienen impacto en la población civil de Nicaragua”.
Sobre los Ortega-Murillo
Sobre las sanciones a Murillo indican que de acuerdo al mismo Ortega “comparte la mitad del poder” con él, la llaman la líder de la Juventud Sandinista (JS) e indican que “fue fundamental para alentar y justificar la represión de la oposición por parte de la Policía Nacional en 2018”, según la SECO.
También explican que “amenazó públicamente a la oposición y desacreditó a los periodistas independientes en junio de este año”.
- Te recomendamos leer: Cuba amanece en calma y sin internet móvil tras jornada de protestas masivas
“Es responsable de graves violaciones de derechos humanos, de la represión a la sociedad civil y a la oposición; y por socavar la democracia en Nicaragua”, detalla el documento.
En cuanto al hijo de la pareja dictatorial, mencionan que dirige el oficialista Canal 8, “una de las principales televisoras de propaganda” y es el líder del movimiento sandinista 4 de mayo. “A través de su cargo, ayudó a restringir la libertad de expresión y la de prensa”, según SECO.
“Ha amenazado públicamente a nicaragüenses empresarios que se oponen al régimen de Ortega”, señalan.
Los argumentos tras las sanciones de Suiza
En el detalle sobre los argumentos de sus sanciones contra los otros seis funcionarios orteguistas, el Consejo Federal detalla:
Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ: “Es responsable de la instrumentalización del Poder Judicial a favor de los intereses del régimen de Ortega, a través de la criminalización selectiva de las actividades de oposición, perpetuando el patrón de violaciones a los derechos al debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición”.
Bayardo Arce Castaño, Asesor presidencial de Asuntos Económicos: Explican que “tiene una influencia significativa sobre las políticas del régimen de Ortega”. Por lo tanto, “es asociado con los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”. Mencional que “él apoyó el desarrollo de legislación que impide la participación de candidatos de la oposición en las elecciones”.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional: “En su cargo es responsable de promover la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos una ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los autores de violaciones masivas de derechos humanos en 2018 y leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua”.
Ana Julia Guido, fiscal general de la República: “Leal al régimen de Ortega, es responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política”. Indican que “creó una unidad especializada que fabricó acusaciones contra manifestantes y presentó cargos contra ellos”. “Además, es responsable de la inhabilitación para cargos públicos de los principales candidatos de la oposición para las elecciones generales”, explican.
Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León: “Es responsable de numerosas violaciones graves a los derechos humanos, en detenciones y detenciones arbitrarias, incluido el secuestro de miembros de una familia opositora, el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de la libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación”.
Juan Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla: “Es responsable de reiterados actos de brutalidad policial y el uso excesivo de fuerza que resultó en la muerte de cientos de civiles, por detenciones arbitrarias y detenciones, por violaciones a la libertad de expresión y por prevenir manifestaciones contra el Gobierno”.
Sanciones son “inusuales”
En junio de 2020, el exembajador nicaragüense, José Luis Velásquez, indicó que las sanciones suizas son “inusuales”, ya que son muy pocos los casos en que Suiza ha emitido una condena “con nombre propio”, en contra de funcionarios de un Gobierno extranjero. En Latinoamérica, los únicos dos casos son Nicaragua y Venezuela.
“Suiza ha sido el paraíso fiscal donde se refugian muchas cantidades de dinero que circulan a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Velásquez, en una entrevista en el programa Esta Noche.
Para la misma fecha, el embajador de Suiza para Nicaragua, Mirko Giulieti, consideró que las sanciones no eran “contra Nicaragua” y que la cooperación que llega a través de la agencia de cooperación Cosude seguirá en el país.
En entrevista en el programa Esta Semana, el embajador Giulieti, basado en San José, Costa Rica, dijo que las sanciones representan un “mensaje político”, y destacó que Suiza no quiere ser un refugio de dinero “sucio” o ilícito de cualquier país del mundo.
